Puerto de La Unión, 13 de julio de 2018. Los alcaldes de los 26 municipios priorizados en el proyecto de la Zona Económica Especial de la región suroriente, en el marco del Plan 10, conocieron de la mano de altos funcionarios del gobierno, los beneficios y  pormenores de la iniciativa que impulsa el Gobierno de El Salvador para el fortalecimiento de la economía local y la generación de empleo.

El vicepresidente de la República y secretario técnico y de planificación de la presidencia, Oscar Ortiz; la ministra de Economía; el presidente de PROESA; el presidente de CEPA; entre otros funcionarios del Gabinete Económico, presentaron el proyecto a los representantes locales.  Este proyecto es una apuesta clara del Gobierno por trabajar en conjunto con los alcaldes como socios estratégicos, independientemente de su afiliación política, por el bienestar de todos los salvadoreños.

La Ley de la Zona Económica Especial es una iniciativa que contribuye a atraer inversión extranjera, a la generación de empleo, impulsar el comercio y mejorar nuestra competitividad. Es un área conformada por 26 municipios donde podrán realizarse diferentes actividades económicas, gozando de incentivos y facilidades, pero con controles muy claros, que permitirán mayor inversión extranjera, la creación de más plazas de trabajo – especialmente locales-, impulsar el comercio y hacer de El Salvador un país más competitivo.

Se proyecta que con la Zona Económica Especial se generen más de 114 mil empleos a través de Desarrolladores y Operadores Económicos en diversas actividades como portuarias y aeroportuarias, turísticas, generación de energías renovables, Industriales, comercialización, agroindustriales, servicios internacionales, pesca, servicios financieros, investigación y desarrollo aeroespaciales, entre otros. Además de la dinamización de emprendimientos productivos en el sector de micro y pequeñas empresas.

“Lo que estamos promoviendo en la zona oriental será el proyecto de ley de mayor impacto para el futuro, corto y mediano plazo del país. Si logramos cerrar con éxito este proyecto, la zona de oriente (La Unión, San Miguel, Usulután) será la principal ancla de empleo en los próximos 10 años”, enfatizó el vicepresidente Oscar Ortiz.

Entre los municipios priorizados en la Zona Económica Especial están: Pasaquina, San Alejo, La Unión, El Carmen, Conchagua, Intipucá, Chirilagua, Jucuarán, Concepción Batres, El Tránsito, San Rafael, San Jorge, Santa Elena, Santa María, Ereguayquín, Usulután, San Dionisio, Tecapán, California, Ozatlán, Puerto El Triunfo, San Francisco Javier, San Agustín, Jiquilisco, Meanguera Del Golfo Y Santa Rosa De Lima.

El eje regional de desarrollo será el Puerto de La Unión, el cual tendrá parques industriales (parque pesquero, parque de electrónicos, parque de energía limpia, parque de industria textil y materiales de construcción); y centros de servicios (centro de logística y almacenamiento, centro de comercio, centro de servicios financieros, centro turístico y cultural).

El proyecto también contempla alta conectividad (ampliaciones de carreteras, el desarrollo de un aeropuerto y la activación del ferrocarril para conectar las principales ciudades y puertos del país).

“Esta ley no es para beneficiar al gobierno; sino, en primer lugar, a la población de los municipios del suroriente del país (26), muchos de la zona costera y del golfo, en términos de generación de empleo y de dinamización de todas las actividades que directa o indirectamente pueden mover ingresos y desarrollo.

Además de que beneficiaría también al sector empresarial tanto nacional como internacional”, agregó el vicemandatario.

El proyecto contempla brindar incentivos fiscales y no fiscales a las empresas que clasifiquen como: exención del impuesto sobre la renta, exoneración del IVA, exoneración de aranceles de importación, entre otros. Entre los no fiscales se plantean: régimen migratorio (visa de trabajo, de negocios, residencias, etc.), régimen laboral (solo el 20% de empleados extranjeros permitidos) y agilización de trámites en ventanilla única.

Todo lo anterior, se realizará en respeto de las leyes y convenios en materia laboral y de medio ambiente; además, de todo el marco normativo en cuanto a la propiedad de la tierra y en consonancia con las iniciativas y programas que el Gobierno salvadoreño impulsa en la región.

El Ministerio de Economía administrará, verificará y vigilará las obligaciones y condiciones establecidas en la ley y su reglamento, por lo que se creará dentro de su estructura institucional una Secretaría Ejecutiva de la Zona y la ventanilla única.

La Secretaría Ejecutiva será una dependencia del Ministerio de Economía, creada por esta iniciativa de ley, mientras que la ventanilla única dependerá de la Secretaría Ejecutiva, y será conformada por las diferentes instituciones o dependencias del Estado involucradas en las operaciones para el óptimo funcionamiento de la Zona Especial Económica y servirá como único punto de contacto para la recepción y atención de trámites, entre los desarrolladores, operadores económicos, y las autoridades competentes, incluyendo las municipalidades.