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Propuesta de una nueva Ley Orgánica de CEPA

El miércoles 8 de julio, nuestro presidente Federico Anliker asistió a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la nueva Asamblea Legislativa para trazar la ruta de trabajo para futuros proyectos y propuesta de ley.

La presentación inició con el proyecto del primer Asocio Público-Privado (APP) del país, en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, que deberá pasar a aprobación de la Asamblea. Nuestro titular resaltó que el Gobierno está trabajando de manera transparente y detalló las dos fases que componen el proyecto:

  • Fase 1. Consiste en el financiamiento, diseño, ampliación, construcción, equipamiento, mejora del mantenimiento y operación de la infraestructura existente, para un plazo hasta de 15 años e incrementar carga actual de 26,000 a 52,000 toneladas métricas.
  • Fase 2. Consiste en el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de una nueva terminal de carga, para un plazo de 20 años y un incremento de carga de 52,000 a 73,000 toneladas métricas como mínimo.

¨El activo siempre es del Estado, siempre es de CEPA y lo que estamos haciendo es explotando en el buen sentido de la palabra, consiguiendo un concesionario que tenga totalmente el expertise en el tema de la carga aérea para convertir a El Salvador en un hub logístico aéreo¨, Federico Anliker.

También, aclaró que los Asocio Público-Privado no son privatizaciones, no son contrataciones tradicionales de adquisición y no son acuerdos de cooperación entre el sector privado y sector público.

El segundo punto que abordó fue la propuesta de una nueva Ley Orgánica de CEPA (LOCEPA). Es de suma importancia la modernización de la institución y actualizar las funciones de la autónoma (aeroportuarias, portuarias y ferrocarriles). 

“La nueva ley deberá adecuarse al marco legal nacional e internacional vigente”, Federico Anliker.

Una nueva ley permitiría actualizar las facultades que tiene la institución para invertir sus fondos en operaciones financieras que ofrezcan mayor rentabilidad; también se podría actualizar y delimitar la intervención del Ministerio de Obras Públicas en nuestras actividades, de acuerdo con la normativa vigente a fin de agilizar los procedimientos administrativos.

La nueva ley facultaría a CEPA para establecer las tarifas que no están sujetas a regulación, es decir, delimitar las competencias para la elaboración y aprobación de tarifas por los servicios a cargo de la institución.

El tercer punto expuesto a la comisión fue la solicitud de exclusión para CEPA de la obligación de pago anual del 25% en concepto de Retribución Fiscal sobre las utilidades.

Actualmente, CEPA está obligada a enterar al Ministerio de Hacienda el 25% de sus utilidades obtenidas después de impuestos, en cumplimiento a lo estipulado en las Disposiciones Generales del Presupuesto, romano II – para Instituciones Oficiales Autónomas, emitidas por el Ministerio de Hacienda, desde el Decreto Legislativo publicado en Diario Oficial del 23 de diciembre de 1983.

La justificaciones a la solicitud de exclusión de pago fueron:

  • A pesar de la carga relevante de impuesto y contribuciones, CEPA ha cumplido y se encuentra solvente a la fecha.
  • CEPA tiene bajo su administración a empresas que operan con pérdidas las cuales generan un detrimento de sus recursos o disponibilidades lo que limita efectuar inversiones en infraestructura para modernizar y mejoras del servicio al usuario, tanto en sus puertos como aeropuertos.
  • A consecuencia de la pandemia por el COVID-19 se obtuvo un resultado institucional con pérdida, generado principalmente por la reducción de ingresos.
  • Permitiría que CEPA cuente con los recursos y mejore su flujo de fondos para atender proyectos estratégicos de inversión en infraestructura y actualización de equipos de operación.